El parlamento de Tayikistán ha aprobado enmiendas al Código Penal que imponen penalizaciones significativas a los mineros de criptomonedas que utilizan electricidad no autorizada o robada para alimentar las operaciones de minería.
Las revisiones, adoptadas el 3 de diciembre, introducen el Artículo 253(2), que tipifica como delito penal la minería de criptomonedas con energía robada. Los infractores ahora enfrentan multas que van de $1,650 a $8,250 o penas de prisión de dos a ocho años, según la magnitud de la infracción.
Para el uso ilícito de electricidad a gran escala, las penas se incrementan a cinco a ocho años de prisión, una medida que los legisladores consideran necesaria para abordar no solo las pérdidas económicas, sino también los cortes de energía regionales atribuidos a la actividad minera ilegal. Los fiscales han vinculado el robo de electricidad por operaciones mineras ilegales con interrupciones en las redes locales.
El Fiscal General, Khabibullo Vokhidzoda, declaró que la minería de criptomonedas no autorizada ha contribuido a daños materiales y a la desestabilización del suministro eléctrico en varias ciudades, lo que motivó la respuesta legislativa.
La nueva ley alinea a Tayikistán con el creciente enfoque global en la regulación de los impactos ambientales e infraestructurales de la minería de criptomonedas — particularmente donde los sistemas de minería ponen tensión sobre los recursos energéticos locales.
