JPMorgan publicó un informe sobre la Ley Clarity de EE. UU., descrita como una legislación sobre la estructura del mercado que busca definir la supervisión regulatoria y establecer clasificaciones de tokens para los mercados de criptomonedas en EE. UU. El informe señala las condiciones actuales del mercado cripto, con Bitcoin operando alrededor de los 60.000 dólares y Ether alrededor de los 2.000 dólares. También registra volúmenes de negociación más bajos en las principales bolsas y presenta estos elementos, los objetivos definitorios de la legislación, los niveles de precio de Bitcoin y Ether, y los menores volúmenes de negociación en grandes exchanges, como hechos destacados en el informe de JPMorgan.
La Ley Clarity es una legislación estadounidense sobre la estructura del mercado destinada a definir la supervisión regulatoria de los mercados cripto y establecer reglas para el tratamiento de tokens. El proyecto de ley crearía una cláusula de antigüedad que permitiría que ciertos tokens vinculados a ETFs al contado listados antes del 1 de enero de 2026 sean tratados como commodities. La cláusula de antigüedad menciona específicamente a XRP, Solana, Litecoin, Hedera, Dogecoin y Chainlink como commodities bajo dicha disposición. La propuesta, por lo tanto, preservaría el tratamiento como commodities para esos tokens incluso cuando se establezca un marco legislativo más amplio.
Bajo la propuesta, los principales tokens estarían bajo la jurisdicción de la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos mientras que otros aspectos de la supervisión serían asignados entre la CFTC y la Comisión de Valores y Bolsa. La propuesta definiría los tokens como commodities digitales o valores para fines regulatorios. La legislación también permitiría que nuevos proyectos recauden hasta 75 millones de dólares anuales sin un registro completo en la SEC, siempre que esas ofertas cumplan con las reglas de divulgación especificadas. El marco mantendría las obligaciones de divulgación para tales ofertas exentas incluso mientras ajusta los requisitos de registro.
La Ley de Claridad está estancada en el Senado de EE.UU. y permanece en limbo a pesar de las conversaciones en curso. El proyecto de ley es una legislación sobre la estructura del mercado destinada a definir la supervisión y las clasificaciones de tokens en los mercados criptográficos de EE.UU. La propuesta definiría la supervisión entre la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos y la Comisión de Valores y Bolsa y clasificaría los tokens como commodities digitales o valores. El texto legislativo incluye disposiciones que asignan los principales tokens a la jurisdicción de la CFTC y crean una cláusula de gracia para tokens especificados.
El informe de JPMorgan afirma que la Ley de Claridad podría traer claridad regulatoria a los mercados criptográficos de EE.UU. El informe también indica que la legislación podría aumentar la participación institucional y acelerar la tokenización. JPMorgan expresa un optimismo cauteloso de que una posible aprobación a mediados de año podría servir como un catalizador positivo para los mercados cripto durante la segunda mitad del año. Estos puntos se presentan como la evaluación de JPMorgan sobre los posibles efectos del proyecto de ley si llegara a ser aprobado.
Esta sección resume el estado estancado del proyecto de ley en el Senado y el análisis declarado por JPMorgan sobre posibles resultados. El contenido se limita a afirmaciones fácticas reportadas en el informe de JPMorgan.
La Ley de Claridad es un importante esfuerzo legislativo de EE. UU. para aclarar las clasificaciones de tokens y la supervisión entre la CFTC y la SEC. Su aprobación es actualmente incierta, con el proyecto de ley detenido en el Senado y descrito como estando en limbo a pesar de las negociaciones en curso. El informe de JPMorgan indica que la legislación tiene como objetivo proporcionar marcos regulatorios más claros y podría impulsar la participación institucional y acelerar la tokenización en los mercados criptográficos de EE. UU. Estos resultados son presentados por JPMorgan como efectos potenciales si el proyecto de ley es aprobado.
